En la madrugada de ayer, cuando estaba terminada la edición de El Territorio de Posadas, aparecieron los capangas de la mafia de canillitas en las puertas del diario. Se apostaron con sus autos no para impedir la salida del diario, sino para seguir a los móviles que llevarían los ejemplares a las distintas paradas de la ciudad y allí obligar a los afiliados a devolver la edición. Renunciaban a intentarlo con los ejemplares que se venden en el interior de la provincia (dos tercios de la edición). Previendo esta posibilidad, la edición del Viernes Santo aceptaría solo el 10% de devolución y además se aumentó el porcentaje para los canillitas.
Preparamos todos los móviles que teníamos para engañar a los cuatro coches que esperaban en el portón de entrada y llamamos a la policía para evitar cualquier desmán en ese momento. Por lo menos ocho camionetas salieron del diario juntas. En el mismo portón se desviaban para diferentes destinos. Los del sindicato solo consiguieron hacerse con dos paquetes, los de dos paradas a quienes impidieron vender a la vez que les pagaban su parte: unos 400 ejemplares.
Aquí también se cumple la ley de Paretto, a rajatabla. El 20% de los canillitas vende el 80% de la tirada. Los del sindicato son los que no quieren vender, ni progresar, ni dejar vender a sus colegas. Como son mayoría se encaraman en el sindicato desde donde extorsionan y esquilam al 20% que trabaja y gana dinero. Es como funciona casi todo el sindicalismo argentino.
Lo que hicieron los del sindicato el Viernes Santo en Posadas fue atacar la libertad de expresión, lisa y llanamente. Un delito contra la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y el sistema republicano y democrático que debería regir en la Argentina. También es un delito contra la libertad de comercio y es una muestra de la impunidad con la que algunas mafias sindicales campan en la Argentina: casi nadie se les anima, es más cómodo pactar con ellos, pero eso es un suicidio a mediano o largo plazo.
El código penal argentino en su artículo 161 establece de uno a seis meses de prisión a quien impidiere o estorbare la circulación de un libro o periódico. Pero no hay jueces justos en Misiones, y la mafia del sindicato sigue libre y a sus anchas por la provincia.
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