Debería saberlo por lo menos Damián Loreti, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También los otros académicos que se reunieron con Cristina Kirchner para ofrecerle sus servicios de alcahuetes con chapa científica. El derecho a la información no es otra cosa que la estricta justicia aplicada a la información y a la verdad. Es el derecho humano, inalienable, ineherente a la persona (como el derecho a la libertad) a recibir información veraz. Pero como todo derecho, son los jueces los que deben decidir si está conculcado y volver a poner las cosas en su lugar con sus sentencias en cada caso concreto. No son las reparticiones públicas ni las universidades las que deben establecer justicia, como no pueden decidir quién es violador, quién homicida y quién estafador. Si acusan de discriminación a un medio de comunicación se exponen a las gravísimas consecuencias de la calumnia y la injuria.
Odian la libertad, en Paper Papers, 5/4/08
