Milcap, propiedad de Private Media Group, pretendía conocer las identidades para demandar a esas personas. Según el auto, esa compañía,
"después de manifestar que tiene conocimiento de que a través de redes de intercambio de ficheros en Internet se [produce] un intercambio masivo de aquellas películas, con la consiguiente infracción de sus derechos de propiedad intelectual, solicita como diligencia preliminar que se ordene a tres entidades proveedoras de Internet […] que conserven los datos e identifiquen a los usuarios de determinadas direcciones IP en las horas y días que se indican, con la finalidad de conocer quiénes son […], para poder dirigir contra ellos la correspondiente demanda".El auto respalda otra decisión, tomada por el Juzgado Mercantil de Barcelona nº 7 el 18 de mayo de 2009. Ya entonces, ese juzgado denegó las diligencias pedidas por Milcap…
"porque […] niega que los actos [cometidos por esos usuarios] hayan sido realizados a escala comercial, y además advierte que no puede existir una colisión con los derechos protegidos por el art. 7 de la LO 15/99 de protección de datos".La misma sección, en un auto del 10 de diciembre pasado, resolvió de oficio un caso similar.
Sigue el auto:
"[…] en nuestro derecho no existe ningún deber legal de colaboración impuesto a las [proveedoras] de Internet para suministrar la información interesada por […] [Milcap], para justificar una reclamación civil" [en ese sentido, es decir, que suponga una invasión de la privacidad.]Y esto es lo que quieren cargarse la industria cultural y el Gobierno con la Ley de Economía Sostenible: la tutela judicial de la privacidad Tuya & Mía. Y trasladar esa tutela a una comisión administrativa. Y además, ampliar arbitrariamente el número de casos en que está justificada la intervención en tu computadora, tu servidor, tu página web.
Hoy, con la ley en la mano, no se puede. Con la Economía Sostenible, sí. Y como este Gobierno, en este campo, parece actuar a las órdenes de la industria cultural, sin atender ni a consumidores ni a usuarios… pueden vdes imaginar el sentido de t-o-d-a-s y c-a-d-a u-n-a de las resoluciones de la dichosa comisión.
9 comentarios:
Ni aun sabiendo la IP se sabe exactamente que persona ha sido,nunca se puede saber ya que el titular de la linea no tiene pq ser el que use,no se puede identificar a nadie por internet es imposible.
Ya. Pero no son tan simples –discúlpame– y eso ya lo saben. Obligan primero al ISP a identificar al titular de la línea y a éste, eventualmente, a identificar al usuario. Como las multas que ponen al amigo al que dejaste el coche: si no quieres pagarla tú debes identificar al conductor.
Y entonces donde queda la para todos los usuarios. Eso lleva a los usuario a buscar servicios de navegación anónima para ocultar el IP....
Eso se arregla con el peerguardian, que todo el mundo se lo instale y así las discográficas y otras instituciones culturales, no saben lo que compartes ni lo que te descargas.
Entiendo que la privacidad es un derecho, pero creo que la propiedad intelectual también... debería buscarse una forma de defender ambos derechos o de que por lo menos se pueda defender uno sin atentar contra el otro...
La propiedad intelectual no es mas que una mentira para poder poder generar un monopolio sobre una obra o conocimiento.
Esta es una de las razones. La otra es aprobechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues se crea una comisión opaca que decide arbitrariamente que comunicaciones se intervienen o que medios de comunicación se cierran. Dos pajaros de un tiro: se gana el voto de la industria discográfica, SGAE,... y por otro se instaura la censura. Abrá que ver como pretenden encajarlo con el artículo 18.3 de la Constitución.
Por cierto, la comisión de marras se llama SS (Sección Segunda).
Para "Anónimo" (10:34 PM)
Mis derechos fundamentales NO son negociables. No voy a tolerar que el estado me espie mis comunicaciones, que páginas visito, que fichero bajo o dejo de bajar, mis emails, msn, con la excusa de la propiedad intelectual.
Si la propiedad intelectual entra en conflicto con los derechos fundamentales habrá que redefinir la propiedad intelectual.
Los tribunales se limitan a aplicar la legislación vigente y por tanto la solución es tan simple como tipificar como delito las páginas P2P. Pero entonces ya no tendrían excusa para espiarnos a los ciudadanos ni para otorgar a un organo administrativo (llamada Sección Segunda) la facultar para cerrar webs según la conveniencia del momento o intereses no determinados.
TP:
¿Y si es una empresa? ¿Y si es un centro educativo?
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